CIUDAD DE GUATEMALA (apro).- La audiencia que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, tuvo este 27 de junio ante un tribunal en Guatemala, comprobó algo: su preferencia por viajar en helicóptero lo mete en problemas.

Primero, el hecho de que usó un helicóptero del estado de Veracruz cuando tenía dos días de haber pedido licencia del cargo, el 14 de octubre de 2016, se convirtió en uno de los motivos por los cuales la Fiscalía de ese estado pidió su extradición a Guatemala.

Es el segundo pedido desde abril pasado, aunque por delitos de fuero común o estatales. El primero se sustenta en cargos federales: delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según el proceso 38-2017 del 9 de marzo de 2017, originado en una judicatura de Xalapa, Veracruz.

Segundo: el uso que Duarte de Ochoa hizo de un helicóptero privado para movilizarse en Guatemala durante los seis meses que estuvo prófugo en ese país, fue una de las pistas que condujo a la Policía Nacional Civil (PNC) a ubicarlo. El exgobernador fue capturado el 15 de abril en Panajachel, Sololá, a 140 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

Un investigador de la PNC reveló que el exmandatario veracruzano se movilizó entre un exclusivo sector residencial, en la carretera que conduce desde Guatemala hacia El Salvador, hacia un sector no divulgado en la costa del Pacífico en Guatemala.

También se hospedó en un lujoso hotel en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, a 38 kilómetros de la capital guatemalteca.

“Sospechamos que Duarte se movilizó en helicóptero y no en avioneta porque así pasaría más inadvertido, pues no necesitaría utilizar pistas de aterrizaje en lugares relativamente públicos, donde podría ser observado”, explicó el investigador policiaco.

Una fuente de la Dirección de Aeronáutica Civil dijo que desde finales de octubre de 2016 se giró una alerta para los aeropuertos que reciben vuelos internos, en el caso de que Duarte optara por desplazarse en avioneta.

En traslados terrestres, el también expriista se movilizó en una camioneta agrícola BMW, en compañía de un empresario guatemalteco, según el investigador de la PNC. En mayo pasado, el detective dijo que le daban seguimiento a esta persona, cuya identidad no reveló, y que se esperaba obtener una orden de captura en su contra. Sin embargo, desde entonces, la PNC no ha generado ninguna información al respecto.

El detective advirtió que Javier Duarte sólo frecuentaba lugares costosos y observó que esas preferencias facilitaron, en cierta medida, seguirle la pista. Así, el exgobernador pronto se halló en una celda de 3.50 metros cuadrados en una cárcel de máxima seguridad, mientras autoridades de México enviaban a Guatemala un respaldo documental para el primer pedido de extradición.

El segundo pedido de extradición se origina del proceso 56-2017, del 30 de marzo de 2017, de la misma judicatura en Veracruz. Además del uso irregular del helicóptero, también se sustenta en la transferencia irregular de 220 millones de pesos mexicanos para programas de saneamiento de agua y servicio de alcantarillado, entre otros, de cuando era gobernador.

Tales hechos fueron considerados delitos de incumplimiento al deber legal, tráfico de influencias y peculado. La acusación indica que el gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, ordenó que se le dieran todas las facilidades a Duarte para trasladarse desde las instalaciones del Agrocentro hasta el Puerto de Veracruz en el helicóptero Eurocopter AS365N3, pero que luego éste ordenó al piloto Jesús Peregrino que lo trasladara a Coatzacoalcos.

En cuanto a la transferencia, la acusación indica que, por orden del entonces mandatario estatal, los fondos fueron trasladados a una cuenta del banco BBVA, pero no fueron reintegrados. El expriista fue denunciado por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

Acusación “irrisoria”

Después de escuchar los cargos, Javier Duarte dijo al Tribunal Tercero de Sentencia este martes que aceptaba ser extraditado. Sin embargo, comentó que acusarlo de abuso de autoridad era “irrisorio”, porque ya no ejercía el cargo cuando utilizó el helicóptero.

El exfuncionario agregó que los fondos fueron trasladados de una cuenta a otra cuenta, ambas del Estado, y que no estaban en su poder; además de que no firmó ningún oficio, como sí lo hicieron otros funcionarios a cargo de la transacción.

“Las acusaciones son infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”, afirmó. “Son una pérdida de tiempo (refiriéndose a la audiencia de este martes); por eso acepto la extradición (que pide) la administración del actual gobierno de Veracruz, un gobierno fallido, por cierto”, dijo.

Sin embargo, su anuencia a enfrentar en México los cargos de los cuales le acusa el gobierno de Veracruz, no le ayudarán a ser extraditado más rápido.

Para la audiencia del próximo 4 de julio, la defensa y la fiscalía presentarán argumentos en cuanto al primer pedido de extradición. Luego, el Tribunal Quinto (que lleva el proceso) se pronunciará al respecto.

No obstante, antes Duarte y sus abogados deben discutir el contenido de la acusación. “Tenemos que discutir los medios que nos ha presentado el Ministerio Público para ver a quién le asiste la razón, si tiene una connotación política, automáticamente no tendría lugar la extradición”, dijo Carlos Israel Velásquez Domínguez, el abogado guatemalteco de su defensa.

“Después de la argumentación que se haga de las partes, y podamos discutirlo, él decidirá si acepta la extradición; si se opone y hace uso de los recursos legales, el proceso podría llevar ocho meses como mínimo”, agregó.

En México, la Procuraduría General de la República (PGR) ha estimado que la extradición del exfuncionario podría demorar entre seis meses y un año. Sin embargo, en el caso de otros procesados que se han opuesto a su extradición, desde Guatemala hacia Estados Unidos, por ejemplo, el proceso ha demorado hasta dos años.

Aunque Duarte se presentó al juzgado sonriente y saludó a las cámaras, antes de salir de la sala la audiencia había comenzado con mal pie para el exgobernador.

Primero, el presidente del Tribunal, Saúl Martínez, envió al asesor mexicano de la defensa, Pablo Campuzano de la Mora, a sentarse entre el público de la audiencia -básicamente, periodistas-, porque no tenía una autorización temporal del Colegio de Abogados de Guatemala para acompañar al exgobernador y a Velásquez durante la audiencia.

Después, el Tribunal negó la petición de Duarte para que el proceso que enfrenta en ese tribunal fuera declarado en reserva. El magistrado Martínez dijo que el proceso oral y de acceso público garantizaba el respeto al debido proceso. Poco después recriminó al inculpado porque sus gestos parecían expresar desacuerdo y burla ante los cargos formulados. Le dijo que si tenía algo que decir, lo hiciera al micrófono, en público.

Aunque el Tribunal aprobó la extradición de Duarte, porque el pedido estaba acompañado de pruebas documentales y el exgobernador aceptó la medida, la fiscal Karina Bolaños, del Ministerio Público de Guatemala, pidió que la extradición por los cargos que formula el Estado de Veracruz sea suspendida en tanto no se resuelva el pedido iniciado en abril pasado.

Mientras tanto, el expriista veracruzano cumple casi dos meses y medio en la cárcel de Matamoros, que el Sistema Penitenciario administra, aunque dentro de una instalación militar.

Se trata del mismo recinto donde el exgobernador se quejó de malos tratos. Su abogado Carlos Velásquez dijo que, desde la captura de su cliente, éste no ha recibido más visitas que las de sus abogados y no se le ha permitido tener comunicación telefónica con nadie.

Entre las demandas del procesado figuraban poder dormir sobre un colchón -antes tenía una colchoneta como otros internos-, poder hacer ejercicios y tener contacto con otros reos en el penal.

En mayo pasado, el vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, dijo a Proceso que Duarte de Ochoa recibía una hora de sol como todos los internos, pero Velásquez negó que fuera cierto.

“Ahora le permiten salir a caminar o tomar sol; no está en condiciones óptimas, pero sí está mejor”, aclaró el abogado.

También tiene supervisión médica periódica y acceso a medicamentos recetados. Además, le permiten contacto con otros internos, entre los que figuran dos narcotraficantes, diputados acusados de actos de corrupción y el hijo y hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, detenidos por fraude.

La audiencia del próximo 4 de julio determinará si Javier Duarte permanecerá en estas condiciones por meses o, quizá, hasta un par de años.

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Fuente y nota completa: Proceso México

Gusto de Duarte por viajar en helicóptero le acarrea problemas: dos pedidos de extradición