CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los decomisos de madera ilegal que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente�, es decir, al menos el 70% de la mandera que se consume en el país es ilegal, denunció Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

La académica señaló que el 60% del territorio nacional es forestal, pero no hay una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener éste y otros recursos naturales como el agua, suelo y biodiversidad, de forma sustentable.

Además, dijo, más del 69% del área forestal es propiedad social, de ejidatarios y comuneros.

“Representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica� y presta servicios ambientales como la captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos y hábitat de miles de especies vegetales y animales, afirmó.

En sesión del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), dedicada a los bosques en crisis, la antropólago refirió que en el ámbito social las comunidades rurales dueñas de territorios forestales juegan un papel central en la conservación de bosques y selvas.

“Su labor es relevante en el control de incendios y plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal�, dijo, pues gracias a la conciencia que tienen, son ellas mismas quienes custodian el bosque.

La experta aseveró que alrededor de dos millones de hectáreas de bosques, que representan el 25% de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de zonas que las comunidades definen como áreas de conservación.

Por ello consideró que existe un enorme potencial y se debe involucrar a las comunidades rurales que viven en esos entornos, por ser quienes conservan el 25% de las denominadas áreas bajo aprovechamiento.

El clandestinaje forestal, alertó Merino Pérez, tiene “fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales�, ya que la producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales.

Respecto al tema de las áreas naturales protegidas (ANP), opinó que se debe avanzar hacia una cogestión y permitir esquemas de producción que sean compatibles con la biodiversidad en las áreas de amortiguamiento, “para que la gente local recupere los derechos de control y de decisión, y los comparta con las reservas protegidas de manera más significativa�.

Actualmente el SUSMAI preparan un diagnóstico sobre la problemática del país, que será llevado ante quien gane las elecciones para encabezar el próximo gobierno federal.

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Fuente y nota completa: Proceso México

Ilegal, el 70% de la madera que se consume en México